Hasta el lunes 16 de junio a las 12.00 horas
¡No a las reformas sanitarias que pueden costar vidas!
Aisha es una mujer marroquí. Con motivo de la crisis perdió su trabajo y con
ello el permiso de residencia. Le detectaron un cáncer de pecho hace dos
años y medio cuando estaba embarazada. Sufrió una mastectomía y le aplicaron
quimioterapia. Ahora va al médico cada dos meses. Sin tarjeta de residencia
no podrá continuar su tratamiento.
Carmen es chilena y se encuentra en situación administrativa irregular.
Necesita diálisis porque sus riñones sólo funcionan al 22 por ciento. Si
pierde el acceso al sistema sanitario no podrá asumir el coste de la máquina
de diálisis de la que depende su tratamiento.
La reforma sanitaria introducida por el Real Decreto Ley 16/2012 puede
costar vidas.
La limitación del acceso a la atención sanitaria para las personas migrantes
mayores de edad en situación irregular a la modalidad de urgencias y a la
asistencia al embarazo, parto y posparto, así como el retroceso en la
universalidad del acceso a la atención sanitaria para las personas españolas
constituyen medidas regresivas y discriminatorias. Además de vulnerar
obligaciones internacionales, tienen un gran impacto sobre el derecho a la
vida de las personas.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas,
ha recomendado a España que la "reforma sanitaria adoptada no limite el
acceso de las personas que residen en el Estado a los servicios de salud,
cualquiera sea su situación legal". Recomienda revisar las reformas
implementadas para garantizar que todas las medidas de austeridad mantengan
el nivel alcanzado de protección de los derechos económicos, sociales y
culturales, y sean en todos casos temporales, proporcionales y no
perjudiciales para estos derechos.
Las Comunidades Autónomas, desde el respeto a sus competencias deben
garantizar el acceso y disfrute del derecho a la salud de todas las
personas, y dar cumplimiento así a sus obligaciones internacionales, sin
regresividad ni discriminación. Sin necesidad de crear un sistema sanitario
paralelo en colaboración con las organizaciones sociales que no garantice el
mismo nivel de calidad.
El derecho a la vida de miles de las personas depende de ello.
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